Publicado el 08/12/2010.
El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la AN, diputado Manuel Villalba Sánchez, refutó las críticas que formuló la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actualmente se encuentra en segunda discusión en el Parlamento.
Villalba argumentó que el proyecto de ley fue ampliamente debatido con sectores universitarios, investigadores y entes vinculados con la ciencia y la tecnología, desmintiendo así la denuncia de los oposicionistas.
El parlamentario también desmintió la supuesta violación al texto constitucional en su artículo 10, que según la MUD en el proyecto de ley no se respetaría los principios de ética, probidad y buena fe, además los principios bioéticos y ambientales en el desarrollo de la actividad científica, tecnológica y de innovación.
“Los diputados revolucionarios y este gobierno tenemos ética, legislamos a favor de las mayorías, es decir, para el pueblo, y como humanistas respetamos también los principios bioéticos y ambientales, muy al contrario de las prácticas de los oposicionistas que sin aprobar la norma defienden a capa y espada al capitalismo depredador”, indicó Villalba Sánchez.
El diputado también aclaró, que la oposición lo que quiere es que los recursos que por ley aporte la empresa privada sean administradas por ellos mismos, se quieren despachar y darse el vuelto. “Cómo el Estado controla si la empresa privada cumple con el aporte consagrado en la ley”, se preguntó el presidente de esta instancia parlamentaria.
La producción de conocimiento está garantizada por parte de los organismos del Estado, cuyo control se ejerce a plenitud.
La administración de los recursos que aporte la empresa privada no implica que esas compañías no puedan usar sus recursos para financiar sus programas internos de capacitación o proyectos de investigación de terceros.
Villalba Sánchez citó, como ejemplo, que en la actualidad los recursos recaudados a través de la Locti, como es el 95% ha sido administrado por las empresas de acuerdo a sus propios intereses, sin tomar en consideración las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación mientras que el 5% es administrado por Fonacit.